La respuesta lanzada por López Obrador en la conferencia mañanera del 30 de enero se resume en dos frases: “oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos paz, vamos a conseguir la paz” y “la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos.”
Tocaría celebrar la declaración del fin de 12 años de guerra que tanto dolor y violencia ha causado al país. En últimas, es por lo que muchas personas le apostamos a la cuarta transformación. Sin embargo, ¿el fin de la guerra se limita a ya no detener capos? ¿Cómo se reflejará el cambio de estrategia en la política interior y exterior? Porque declarar el fin de la guerra contra las drogas implica materializar el tránsito a una política distinta, alejarse del esquema de represión y apostar por un enfoque de derechos humanos. ¿Realmente hacia allá va el gobierno?
Acá van algunos obstáculos que superar y unas pistas para avanzar en el tránsito de la política y que del dicho al hecho no haya tanto trecho:
Aprobar la Guardia Nacional es legitimar la guerra
Los argumentos en contra de constitucionalizar la militarización de las tareas de seguridad pública están puestos sobre la mesa por parte de personas expertas, instituciones, organismos, colectivos y sobrevivientes. No se puede hablar del fin de la guerra cuando se busca legitimar la participación permanente de las fuerzas armadas sin controles sólidos y en contra de los estándares internacionales y las condenas contra México. Alternativas de carácter civil hay y se han presentado de todas las formas. Suena esquizofrénico pensar que la guerra contra el narcotráfico termina con semejante despliegue militar.
¿Dónde está la política de verdad, justicia y reparación para sobrevivientes, familiares y víctimas de la guerra?
Declarar el fin de una guerra significa, a su vez, garantizar una política de verdad, justicia y reparación para víctimas, familiares, sobrevivientes y la sociedad en general.
Dicha política no ha sido presentada por el gobierno. Hace unos días, la sociedad civil presentó a la SEGOB y la SER una propuesta que había sido previamente trabajada con el gobierno electo. La política incluye un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, una Comisión Nacional de la Verdad y un nuevo modelo de reparación integral[1]. La iniciativa evidencia la institucionalidad fallida en los últimos sexenios[2] y hace propuestas viables para generar cambios efectivos. Si el fin de la guerra es un hecho para el gobierno, la política de verdad, justicia y reparación debe ser una prioridad.
¿Se está protegiendo a la población cultivadora?
Una de las promesas de campaña se centró en dar visibilidad a las personas cultivadoras de plantas declaradas ilícitas. Se llegó a hablar de sustitución de usos y de una política de desarrollo alternativo en la materia. ¿Cómo va esa iniciativa? ¿Cómo se está garantizando la seguridad de estas personas y el fenómeno del desplazamiento forzado en zonas de cultivo? Casos como Guerrero reflejan el riesgo en el que se encuentra esta población ante las disputas territoriales por parte de grupos del crimen organizado y la intervención de la policía comunitaria. Pensar en el fin de la guerra incluye dar garantías de seguridad y desarrollo a las poblaciones más afectadas.
¿Cómo va el diseño de medidas alternativas para las personas que se encuentran privadas de la libertad por delitos de drogas?
Otra propuesta de López Obrador se centró en otorgar amnistías frente a ciertos delitos cometidos por los eslabones más bajos de la cadena de producción y tráfico, incluidos grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres que en su mayoría están presas por delitos contra la salud. Tampoco hemos visto propuesta alguna. No hay claridad sobre cuántas personas serán beneficiadas ni qué delitos. El análisis de contexto de cómo miles de personas fueron privadas de la libertad en los últimos doce años y la generación de datos y cifras en la materia es clave para una eventual política de excarcelación y reinserción social.
Lo que sí se evidencia y preocupa bastante es ver a la no tan renovada Fiscalía General, manteniendo el enfoque punitivo hacía dichos eslabones desde la Unidad Especializada en Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final (UEIDCNCF).
La iniciativa de regulación de cannabis debe ser responsable y bajo un enfoque de justicia social
La culminación de la guerra contra las drogas requiere garantías de no-repetición, dentro de las cuales se incluye la regulación. Esta ha sido, tal vez, la propuesta con más luces del gobierno entrante. Actualmente hay una iniciativa en el Senado que tiene prevista ser discutida en abril. La iniciativa es un logro de la sociedad civil y un paso que sinceramente emociona. Será importante que el debate sea plural y público, que se tenga en cuenta las experiencias comparadas, las propuestas nacionales y que el enfoque de salud pública sea transversal. La regulación debe ir acompañada de políticas y pilotos en reducción de daños que aspiren a concientizar sobre el consumo responsable y a orientar el consumo problemático con una oferta de rehabilitación con recursos y personal capacitado.
La pregunta del millón acá es: ¿cómo será un país militarizado que al tiempo regula la cadena de cultivo, producción, comercialización y consumo de cannabis?
¿Cuál es la estrategia de política exterior para defender el consumo responsable y el fin de la guerra?
La respuesta de Andrés Manuel y la iniciativa de regulación tienen impacto en el debate internacional y las discusiones en Naciones Unidas sobre el rumbo que debe seguir la política de drogas a nivel mundial. En marzo de este año tendrá lugar en Viena el 62° período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) y el Segmento Ministerial[3], donde los Estados analizarán la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009 que enmarca una serie de metas de corte prohibicionista que quieren mantener varios Estados para lograr “un mundo libre de drogas”[4]. Existe un grupo de países que buscan centrar la discusión en los objetivos de la UNGASS 2016 la cual apuesta por un debate centrado en las personas, bajo un enfoque de derechos humanos y la salud pública. ¿En cuál bando va a estar la representación del Estado mexicano?, ¿hacia dónde va la estrategia para defender la regulación y el fin de la guerra en el escenario internacional?
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[1] Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación a la víctimas de la violencia y de las violaciones a derechos humanos. Disponible en:
http://cmdpdh.org/project/propuesta-ciudadana-para-la-construccion-de-una-politica-sobre-verdad-justicia-y-reparacion-a-la-victimas-de-la-violencia-y-de-las-violaciones-a-derechos-humanos/
[2] Elementa DDHH. Retos para la transformación: Trayectoria Institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://www.elementa.co/retos-para-la-transformacion-trayectoria-institucional-para-hacer-frente-a-graves-violaciones-a-ddhh-en-mexico/
[3] Para tener más información sobre el Segmento Ministerial y la CND: https://idpc.net/es/events/2019/02/cnd-62-y-segmento-ministerial-de-2019-temas-clave-y-oportunidades
[4] Véase: http://www.unodc.org/documents/ungass2016/V0984963-English.pdf
