Por Miguel Pulido
Lejos del glamour y el autoelogio por las llamadas reformas estructurales, hay temas que retratan la realidad del compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto con los que menos tienen. De la reforma al campo, prometida para hacer justicia a millones de campesinos, apenas quedó el anuncio. La cruzada contra el hambre no llegó más allá de ser botín electoral. Que se sepa, el proyecto de integrar regiones para generar 115,000 empleos en las zonas del país con mayor pobreza, apenas ha logrado crear otra rareza burocrática: la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). Y un empleo, claro está, el de Gutiérrez Candiani.
Entre muchos temas que han quedado lejos de los discursos oficiales y que son auténticos puntos ciegos en el actuar del gobierno de Peña Nieto, están los derechos laborales y los derechos de las mujeres. Ambos resultan de alta pertinencia hoy (30 de marzo) que se celebra precisamente el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
En un documento que circula a propósito de esta fecha, un grupo importante de organizaciones, activistas, especialistas y personalidades, señala que en México existen 2.4 millones de personas Trabajadoras del Hogar. Pues bien, resulta que 9 de cada 10 son mujeres. Es decir, el trabajo en el hogar está claramente feminizado.
No solo eso, una de cada 10 mujeres trabajadoras en México se emplea en esta actividad (sí, el 10% de la fuerza laboral femenina se dedica a trabajar en el hogar). Pero, a pesar de la importancia del sector, las leyes no son capaces de reconocerlas plenamente. En un resabio de nuestra sociedad desigual (o un botón de muestra de nuestra precariedad) resulta que las personas que se dedican al trabajo del hogar no tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador.
El asunto no es cosa menor. A pesar de compromisos públicos por parte de la Secretaría de Gobernación –en voz de Osorio Chong-, de la Secretaría del Trabajo –en voz de Navarrete Prida- y del Senado de la República, nada se ha hecho en lo que va del sexenio para revertir una absurda desigualdad normalizada por la ley. Aquí dos ejemplos:
– La Ley Federal del Trabajo (en un capítulo especial para el trabajo doméstico) permite jornadas laborales más largas que las del resto de las y las y los trabajadores.
– La Ley del Seguro Social sólo les permite una modalidad de afiliación que no incluye la totalidad de los seguros y prestaciones a las que el resto de las y los trabajadores por ley tienen acceso.
Corregir esta situación tiene una ruta. En 2011 se adoptó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a mejorar las leyes en beneficio de las personas trabajadoras del hogar. Sin embargo, es fecha que el gobierno de Enrique Peña Nieto no envía el Convenio al Senado de la República para su ratificación. Cómo estará la cosa, que desde entonces el Senado ha dirigido una docena de exhortos para que Peña Nieto actúe.
Nada de lo que aquí se pide es extraordinario. En otros países de América Latina el Convenio ha sido ratificado y las trabajadoras del hogar tienen un sistema de seguridad completo y gratuito. Se han hecho cambios para reconocer las contribuciones que realizan las trabajadoras del hogar a la economía, al bienestar y a la salud de las familias. Como uno pensaría que sucede donde sea que se tomen la justicia y la igualdad en serio.
Pero aquí, el “olvido” legislativo y regulatorio sobre el trabajo del hogar muestran de qué va en realidad este gobierno. Por ejemplo, uno que es atrevido, audaz y que “enfrenta” intereses cuando se trata de modificar reglas para que los multimillonarios jueguen al casino con nuestro petróleo, pero es timorato y cauto cuando se trata de actuar a favor de los más débiles. Uno que es incapaz de proveer elemental justicia a las trabajadoras del hogar.
