Por Miguel Pulido
Tengo una hipótesis respecto a la caída de Javier Duarte. Es obvio que Duarte no se derrumbó porque el funcionamiento de las instituciones tomara en cuenta: la extensa lista de agravios al pueblo que gobernó; su vicio por la ilegalidad; y la corrupción rampante que lo rodeó. Duarte cayó porque el sistema político que le daba impunidad decidió abandonarlo.
Para una sociedad cansada de saqueo y asqueada por los niveles exacerbados de cinismo, ver a un gobernador defenestrado puede ser una señal contra la impunidad.
No lo es.
Veracruz se convirtió en un buen ejemplo de lo que sucede cuando la mediocridad se apodera de la política. O las consecuencias de que la política no logre sacudirse la mediocridad, para ser más preciso.
Hace escasos tres meses, el entonces gobernador del estado apareció en un video iracundo y bravucón a propósito de las elecciones. Veracruz, decía Duarte en su mensaje, “requiere altura de miras, no de balandronadas ni de amenazas. Veracruz no merece ser escenario para peleas callejeras.” Avisos de lo seguro que estaba de su impunidad.
Demos algo por sentado. El país vive una crisis de control de los gobiernos locales. Los gobernadores actúan como pequeños tiranos dejando a su paso, por excesos y despropósitos, auténticas zonas de desastre. Después se van tan campantes como si hubieran hecho bien las cosas.
Hoy, el anuncio de la renuncia de Javier Duarte lo pone en el centro del debate nacional. No es, ni de lejos, el único caso de un gobierno nefasto. Pero si el caso más emblemático de lo insostenible. El epítome de los gobiernos impresentables.
¿Corrupción? El gobierno de Duarte la retrata. El portal de noticias Animal Político hizo un extraordinario trabajo de periodismo de investigación sobre contratos a empresas fantasmas. Las cifras iniciales hablaban de operaciones simuladas por 600 millones de pesos. Hoy se sabe que el botín es mayor. Con el avance de las indagatorias y el cruce con información del SAT, se estima que dichas operaciones fraudulentas pueden alcanzar varios miles de millones de pesos.
Las evidencias fueron tan abundantes, que ese pretexto tomaron los correligionarios del PRI para tratar de desmarcarse de él y expulsarlo del partido.
¿Insensibilidad? Duarte la ejemplifica. Prueba de ello son los episodios en los que, a pesar del desborde de la macrocriminalidad, la inseguridad y la violencia, tuvo la desvergüenza de hablar de logros. Ante la desaparición de 5 jóvenes, a manos de la Policía Estatal, en Tierra Blanca dijo: “Lamentablemente en temas de seguridad podemos hacer 99 cosas bien, pero si una sale mal se empaña el esfuerzo (…) los resultados ahí están y los índices delincuenciales van de manera clara a la baja.”.
Frívolo en extremo, hace dos años Duarte declaró que en Veracruz antes “se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo“.
¿Incompetencia? ¿Ilegalidades? ¿Abuso de poder? Los ejemplos son tantos que el espacio de esta columna no es el apropiado para abordarlos. El trato a la Universidad Veracruzana, los desvíos en los programas sociales, las denuncias penales de la ASF, los millones de pesos en efectivo en aviones privados y en pleno contexto electoral, la insostenible deuda pública, la corrupción policial, los periodistas asesinados y un largo etcétera.
¿Qué permitió que se cometieran tantas estupideces de manera sistemática por tanto tiempo?
Duarte y los gobernadores de su calaña operan en un contexto que les ha permitido causar los niveles de desgracia que estamos observando.
Una prensa y medios de comunicación con una larga historia de sometimiento al poder político. Comisiones de Derechos Humanos e institutos de transparencia agachones, sin un papel serio y de contrapeso. El Poder Judicial en estado de desgracia, lleno de corrupción e incompetencia. Alcaldes que no se atreven a expresar la diferencia y suelen tener su propio historial de abuso del poder.
Una burocracia improvisada, con miles de funcionarios disciplinados en no ver las transas, siempre que los dejen transar. Amplias redes de corrupción que involucran empresarios, notarios y servidores públicos acostumbrados a robar sin consecuencias. Y la ausencia de una oposición política seria, capaz de ser un contrapeso en el Congreso y en las elecciones.
Déjenme volver a mi hipótesis sobre la caída de Duarte.
Hay muchísimas definiciones sobre qué es el Estado de Derecho. Yo me quedo con una muy sencilla que pone en el centro al poder y lo entiende como una fórmula contra la impunidad. En un Estado de Derecho los poderosos operan y resuelven sus diferencias en apego a la Ley y las instituciones logran someter con las leyes también a los más poderosos.
A Duarte no lo sometieron las instituciones, lo abandonaron sus cómplices. Mi hipótesis es que si como sociedad damos eso por bueno, la cadena de impunidad seguirá.
