AUTOR: ANDRÉS ALFREDO TORRES CHECA
Con la llegada de esta nueva administración mucho se ha hablado sobre las estrategias que López Obrador pretende adoptar en su interacción con sociedad civil. Hasta ahora la narrativa de la Cuarta Transformación ha optado por caracterizar a la sociedad civil organizada como conservadora, de derecha e ineficiente. Al parecer, una de las implicaciones de lo anterior es desaparecer programas sociales, para así cortar a la sociedad civil que funge como intermediaria, y apoyar a los necesitados de manera directa. Críticas sobre este tipo de políticas pueden encontrarse en diferentes artículos, como el de Christian Aurora Mendoza sobre Estancias Infantiles (léelo aquí), el de Georgina Jiménez también sobre Estancias Infantiles (revísalo aquí), o el de Hernán Gómez sobre el problema de generalizar a la sociedad civil (leer artículo).
Definir qué es y qué no es sociedad civil es complicado porque la naturaleza del concepto es amplia y amorfa. Dentro de la categoría entran personas y organizaciones – constituidas o no – que pueden encontrarse en cualquier punto dentro del amplio espectro de ideologías políticas. Puede haber actores que se definan como de derecha, izquierda, centro, conservadores, liberales, así como actores de naturaleza apolítica como asociaciones deportivas o grupos que brindan asistencia médica u otros tipos de servicio.
Sin embargo, en la actual coyuntura parece ser que cuando el Presidente habla de sociedad civil se dirige a un grupo de actores que sí es identificable. En mi interpretación, López Obrador se refiere a organizaciones o colectivos que participan activamente en asuntos y agendas públicas, sobre todo actores que posterior a la violencia generalizada que comenzó en 2006 han cobrado mayor relevancia política y han incidido, en específico, en la agenda de derechos humanos. Es a esta sociedad civil a la que también me refiero en este artículo.
Previo a la llegada de la llamada Cuarta Transformación (4T), el panorama para la consolidación de espacios propios de la sociedad civil ya era adverso y tedioso. La suma de una cultura política que percibe al Estado como el único responsable del desarrollo, más la lógica clientelar y paternalista que guía la relación entre el Estado y sociedad civil, ha limitado la creación de espacios autónomos en donde proliferan una multiplicidad de actores no-gubernamentales (Tapia-Álvarez y Verduzco, 2013).
Para poner las cosas en perspectiva, México es uno de los países con menos organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la región, esto a pesar de ser uno de los países más ricos y contar con una historia democrática relativamente estable en comparación con sus pares latinoamericanos. Mientras que en México existen apenas 3.4 organizaciones por cada 10 mil habitantes, en Chile existen cerca de 64 organizaciones por cada 10 mil habitantes; en Argentina, 30; en Brasil, 17 (Terrazas 2009; Indesol, 2017). Cifras de Indesol (2017) muestran que en la Ciudad de México hay casi 7 organizaciones por cada 10 mil habitantes. Mientras que en Tamaulipas, uno de los estados más violentos del país, se registra la relación más baja con 1.4 organizaciones por cada 10 mil habitantes.
En materia de financiamiento, la situación al interior del país también es bastante endeble. En México los apoyos que otorga el gobierno representan el 8.5% de los ingresos de las OSC, mientras que a nivel internacional representan el 40% (Verduzco, List y Salomon, 2001). Además, el 80% de los apoyos brindados por la Administración Pública Federal (APF) son estímulos no-económicos como capacitaciones, donaciones en especie o ayuda en difusión (Indesol, 2017).
De los apoyos que sí son económicos, el 40% son otorgados a organizaciones gubernamentales no gubernamentales o gongos (government no government). Estos gongos son asociaciones civiles (A.C.) que fueron creadas por el gobierno pero que tienen su presupuesto etiquetado en dependencias públicas . Algunos ejemplos de gongos son los Centro de Integración Juvenil, la Federación Mexicana de Taekwondo y la Academia Mexicana de la Lengua (Ramos y Ávila, 2019). Es decir, cuando el gobierno sí invierte en asociaciones civiles, primero lo hace apoyando a organizaciones que forman parte de la estructura del Estado y después a todas las demás.
Desde la parte de la filantropía nacional, el escenario tampoco es favorable. De acuerdo con El Universal (2019), el 60% de los mexicanos afirma confiar poco o nada en la organizaciones de la sociedad civil. Mientras que en la Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad Civil (2013) solamente el 10% de las personas afirma haber donado algo a las OSC y el 82% prefiere ayudar de manera directa a la persona necesitada. Frente a este escenario, la narrativa impulsada desde la 4T abona a la desacreditación generalizada que hay sobre las OSC, merma su capacidad de vinculación y fortalecimiento con otros mexicanos y por ende afecta en el impacto del trabajo que desempeñan.
Las estrategias y la narrativa por las que parece apostar López Obrador no son solo ineficientes, sino además son falsas. Desarticular programas sociales y generalizar sobre los valores ideológicos de la sociedad civil no le toca un pelo a las verdaderas organizaciones de derecha, esas anti-derechos que marchan en contra de los migrantes, las mujeres y las personas LGBT. Al contrario, las consecuencias de estas políticas y de este discurso las sufren las organizaciones más pequeñas y las que realizan, justamente, las labores que por años el Estado mexicano ha abandonado.
La sociedad civil organizada en México parece estar enfrentando adversidades desde todas las aristas. Son pocas, están desarticuladas, no es sencillo procurar fondos y desde la maquinaria del Estado hay una vocal campaña por desacreditar su labor. Frente a todos estos obstáculos, las OSC y otros actores de la sociedad civil tienen el reto de buscar nuevas formas de organización para participar de la discusión pública sin perder su autonomía y capacidad de incidencia. De lo contrario, los pequeños y endebles espacios en los que las organizaciones de la sociedad civil coexisten corren el riesgo de atomizarse aún más.
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El Universal. (2019). ¿Qué tanta confianza tiene usted en cada una de las siguientes instituciones?. Ciudad de México: El Universal. [Visitado el 21 de marzo de 2019] https://interactivo.eluniversal.com.mx/2019/reprueban-servicios-seguridad/confianza.html
ENAFI. (2013). Filantropía y Sociedad Civil, Encuesta Nacional comparativo 2005, 2008 y 2013. Ciudad de México: Varela y Asociados.
Indesol. (2017). Compromiso y participación social: prontuario para la creación de una Organización de la Sociedad Civil. Ciudad de México: SEDESOL.
Ramos, C. & Ávila, Y. (2019). ¿De qué vive la sociedad civil? No de recursos públicos. Ciudad de México: Animal Político. [Visitado el 20 de mazo de 2019] https://www.animalpolitico.com/2019/03/osc-dinero-publico-financiamiento-gongos/
Tapia-Álvarez, M., & Verduzco, M. (2013). Fortalecimiento de la Ciudadanía Organizada: diagnóstico y reformas para un ambiente propicio en México. Ciudad de México: Alternativas y Capacidades.
Terrazas, I. (2009). Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana. Washington D.C.: Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro y USAID.
Verduzco, G., List, R., & Salamon, L. (2001). Perfil del sector no lucrativo en México. Ciudad de México: The Jonhs Hopkins University y Centro Mexicano para la Filantropía.
