La guerra contra las drogas sigue cobrando factura y vulnerando derechos en México. En datos que asustan: 2017 nos despidió con el mes más violento en 20 años con 2 mil 371 casos de homicidios dolosos; 33 mil 125 casos de personas desaparecidas (menos 1 mil 316 personas que misteriosamente “salieron” del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, como lo reveló una investigación de la organización Data Cívica); el reconocimiento del Relator Especial de la ONU sobre el carácter generalizado de la tortura y una Ley de Seguridad Interior que de forma autoritaria e inconstitucional consolida la militarización en México.
La violencia que nos azota es consecuencia de las leyes contra las drogas y el mercado ilícito de éstas que cumplen a cabalidad las convenciones internacionales que, con un débil sustento científico frente a los efectos de las drogas en la salud pública, han edificado un régimen prohibicionista dentro de los Estados provocando una “sobredosis punitiva” que afecta a los eslabones más débiles de la cadena de producción, genera redes de corrupción y deja intacto el mercado ilícito.
Este fracaso hace evidente la premisa de que las personas no van a dejar de consumir drogas y que el estado de prohibición vulnera derechos tanto de usuarios como de terceros. Si el Estado mexicano está en una posición de estricto cumplimiento de tratados, valdría la pena que hiciera un ejercicio de interpretación, de forma que las convenciones de drogas sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esta posición actualmente ha permitido la legalización del cannabis con fines recreativos en países como Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos de América.
¿México para cuándo da el paso como ejemplo de país productor?
La previa a la campaña electoral este mes ha dejado un par de propuestas polémicas al respecto que ameritan un contenido más amplio y arriesgado.
La primera propuesta vino de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su discurso sobre las amnistías a los líderes de los cárteles del narcotráfico la cual causó más de un infarto. Posteriormente, Alfonso Durazo, posible secretario de seguridad de AMLO, matizó el discurso al señalar que la amnistía estaría dirigida a la población campesina dedicada al cultivo ilícito. Ya se ha escrito bastante sobre por qué los procesos de amnistía son posibles y las consecuencias jurídicas y políticas que se desprenden de estos, sin embargo, no se ha dado discusión sobre ¿cuál es la situación de la población cultivadora?, ¿quiénes son?, ¿el Estado tiene acceso a esas zonas de cultivo?, ¿qué los impulsa a dedicarse a esa actividad?, ¿qué políticas de desarrollo alternativo les ofrece el Estado para dejar esa actividad? Ojalá AMLO y las demás personas aspirantes a la presidencia se tomaran en serio estas preguntas para el arranque de la campaña.
La segunda propuesta vino sorpresivamente del Secretario de Turismo del gobierno de Peña Nieto, Enrique de la Madrid Cordero, al sugerir la legalización de la marihuana en zonas turísticas con el fin de convertirlos en “zonas turísticas”. La propuesta, que resulta torpe y se suma a la simulación de generar cambios en la política como sucede con el cannabis para fines medicinales, puso en el debate presidencial los escenarios de legalización.
Ojalá Anaya descubra que el debate serio y hemisférico existe desde hace años y que incluso en escenarios internacionales como Naciones Unidas y la OEA se ha debatido el tema, además de las experiencias comparadas en la región y en Europa. Esperemos que Meade y AMLO y demás personas que aspiran a la presidencia dejen las evasivas, se asesoren sobre el tema y le entren con propuestas sólidas que permitan desafiar el régimen internacional de prohibición y convertir a Cancún, pero también a Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, y Reynosa (ciudad en la que ni el presidente está seguro), en zonas seguras donde prohibir el consumo de drogas no nos cueste la vida.
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