El Presidente Peña Nieto anunció que promulgaría la Ley de Seguridad Interior. Sin duda alguna, el texto legal que más acusaciones serias ha recibido de ser inconstitucional en las últimas dos o tres décadas. Peña adornó su mensaje con palabras rebuscadas sobre su sensibilidad a las preocupaciones sociales y después deslizó una decisión que, además de rara, termina por ser confusa: no hará uso de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior en tanto no se pronuncie la Suprema Corte sobre el asunto.
No me mal interpreten, bajo ninguna circunstancia me estoy pronunciando a favor de dichas declaratorias. Mi argumento es otro. Los priistas y su puñado de aliados y disciplinados panistas habían repetido hasta el cansancio que urgía con extrema inmediatez esta Ley para dar certidumbre al Ejército. Peña Nieto, por estrictas razones políticas, acaba de abrir una ventana de indefinición.
El escenario es extraño, lo más. El Ejército tiene la Ley (deficiente y pestilente a inconstitucionalidad) que le impuso al Congreso, pero el Presidente renuncia a implementarla, mandando un mensaje político de que no está dispuesto a comprometerse con su contenido. Tener un marco legal y no usarlo no puede tener otra interpretación que no sean dudas sobre su constitucionalidad. Y así, las Fuerzas Armadas estarán pronto en un nuevo y aún más exótico limbo legal.
¿El colmo? Querer revestir todas estas situaciones de voluntad democrática. No es por caer en la sospecha ligera, pero no queda sino preguntarse ¿qué está en juego detrás de conductas tan erráticas?
Desde hace 12 años, mi trabajo ha sido analizar cómo se hacen las leyes. También me he dedicado a documentar lo que hace la clase política. En este tiempo he visto demasiadas aberraciones –políticas y legales- en el Congreso mexicano. Pero ninguna, ni de lejos, como la Ley de Seguridad Interior.
Detrás de expresiones como: “necesitamos a los militares” o “urge regular lo que ya se hace” o “hay que dar certeza a las Fuerzas Armadas” se esconde una cadena de fracasos gubernamentales. Durante 5 largos años el gobierno de Peña Nieto se jactó de haber logrado resultados extraordinarios en materia de seguridad. Este mismo año, poco antes de su renuncia, Raúl Cervantes insistía en que la delincuencia organizada había pasado de ser un problema de seguridad nacional a uno de seguridad pública. De pronto ellos mismos se despojan de la frivolidad y descubren que la crisis institucional es severa.
Total, estamos en escenarios bastante indeseables. El ejército haciendo política y durísimos cuestionamientos internacionales incluidos. Un debate que debería ser profundo terminó siendo un plebiscito: ¿estás a favor o en contra del Ejército? ¿La Marina es o no la institución con más confianza? Para quien no dimensiona lo que estamos viviendo, este es el cambio más radical en la historia moderna del país en los siguientes ejes:
- Relaciones cívico–militares, pues implica la modificación más drástica a la regla de quién tiene el mando sobre –y cómo operan- las Fuerzas Armadas. Pero ojo, esta Ley también es el cambio más significativo en los últimos 50 años en la forma en la que se asignará y ejercerá el presupuesto de las Fuerzas Armadas.
- Modelo constitucional de Seguridad Pública. La aprobación de la Ley marca un nuevo hito en la forma en la que se realiza la investigación y persecución criminal, supone ajustes severos en cómo se ejecuta el pacto federal en materia de seguridad, y altera las responsabilidades en la prevención del delito.
- Libertades colectivas e individuales, de forma especial, implica cambios en el derecho a la privacidad, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la manifestación.
Más allá de la opinión que cada quien tenga sobre las Fuerzas Armadas, estos son cambios prácticos derivados de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. No recuerdo una reforma legal que tocara tantos temas tan sensibles y que fuera discutida de forma tan arrebatada, impulsiva y superficial. Nunca vi un desprecio tan abierto por: 1.- la Constitución; 2.- los organismos internacionales; 3.- las universidades, las escuelas de derecho y la academia más influyente; 4.- las opiniones expertas y especializadas en seguridad públicas; 5.- la evidencia; y 6.- la participación ciudadana.
Lo digo sin tapujos: no da certidumbre y mucho menos legitimidad. Por el contrario, es el acto más autoritario, desaseado legalmente e irresponsable que he visto a las últimas seis legislaturas y nos deja el delicado precedente de las Fuerzas Armadas abiertamente haciendo política.
